Desorden
El gran negocio de las armas de fuego
Cifras de expedición de licencias que no se corresponden entre sí, declaraciones oficiales divorciadas de la realidad y un negocio que luce sin ningún tipo de control, son los elementos sobre los que, por décadas, se ha desarrollado la compra y venta de armas

La compra y venta de armas de fuego en el país es un negocio que, además de poner a prueba la capacidad de las autoridades para impedir su ilegal proliferación, revela la inexistencia de mecanismos de actuación transparentes para enfrentar un problema que ha llenado de luto, tragedia y dolor a miles de familias dominicanas.
Las autoridades de Interior y Policía, de la presente y pasadas gestiones, se han empeñado en proyectar la eficiencia de sus funciones, ofreciendo datos y detalles que, al establecer comparaciones, demuestran imprecisiones respecto a la supuesta regulación del lucrativo negocio.
Las cifras de porte y tenencia legal e ilegal de armas de fuego divulgada en los últimos 20 años delatan el manto de misterio con que ha sido manejado este tema.

Basada en memoria de la Policía Nacional, recientemente, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) señaló que entre septiembre del año 2003 y junio de 2005 Interior y Policía otorgó 178 mil 193 licencias de armas de fuego.
Sin embargo, entrevistado por El Caribe, el 4 de marzo de 2003, el ex secretario de Interior y Policía, Pedro Franco Badía, ofreció datos que evidencian que el ligero otorgamiento de armas a civiles es una práctica que se transmite de una gestión a otra.
Franco Badía dijo que en esa gestión en Interior y Policía tenían registradas 260 mil armas de manera legal, que se encontraban en manos de civiles y calculaba que unas 200 mil estaban en la calle de forma irregular.

Para octubre de 2003, siete meses después de salir a flote estos datos, la Unidad de Evaluación Médica de Interior y Policía estimaba que eran 360 mil las autorizaciones dadas para porte de armas de fuego.
El comercio de las armas de fuego y las consecuencias fatales que se derivan de su tenencia ha despertado las más radicales posiciones de sectores que consideran esa actividad como caldo de cultivo de miles de muertes violentas en el ámbito nacional.

Pero estas posturas no han logrado restarle fuerzas a un negocio que involucra al Gobierno, armerías e importadores de armas de fuego.
En Interior y Policía no son muy dados a ofrecer montos sobre el nivel de recaudaciones por esta vía, pero Franco Badía, siendo ministro de esa dependencia estatal, señalaba que “en temporada alta”, a partir del primero de enero de 2003, las cobranzas por concepto de emisión original de licencias, traspasos y renovación ascendían a un millón de pesos diarios.
Actualmente, expedir un permiso original cuesta RD$6,240 pesos, el traspaso con emisión original 11 mil 240 pesos y la renovación de licencia 4 mil 940.